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Conoce La Campaña Sí en la Proposición 34

La campaña Sí en la Proposición 34 - por una California Segura (SAFE California) - reemplazará la pena de muerte en California con una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional como la pena máxima por el asesinato. Esto significa que los culpables de asesinato van a permanecer tras las rejas para siempre – sin el riesgo de ejecutar a una persona inocente.

Nuestros recursos serian mejor empleados en la aplicación plena de la ley, la prevención de la violencia y en las escuelas de nuestros hijos. Necesitamos más maestros en los salones, no más abogados en los tribunales.

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Descargar Texto completo de la iniciativa [download complete text of the initiative]

Descargar página informativa sobre la Proposición 34 [download Prop. 34 Fact Sheet] 


Ahorros: Muchas personas piensan que la pena de muerte es más barata que la cadena perpetua. Eso no es cierto. Los contribuyentes de California ahorrarán más de $ 100 millones cada año sin liberar a un solo preso.

Rendición de cuentas: los asesinos convictos tendrán que rendir cuentas y pagar por sus crímenes. La Campaña Sí en la 34 requiere que las personas declaradas culpables de asesinato trabajen en la cárcel y paguen una indemnización destinada a un fondo de compensación para familiares de las víctimas del homicidio.

Aplicación plena de la ley: El Fondo por una California Segura* (SAFE California Fund) usa los $30 millones al año en ahorros en el presupuesto por la eliminación de la pena de muerte y los invierte en la investigación de casos sin resolver de violación y de asesinato. Nuestros recursos limitados para la seguridad pública se deben utilizar para resolver más delitos, para quitar a más criminales de nuestras calles, y para proteger a nuestras familias.

* El dinero del Fondo para la seguridad de California proviene directamente de cierre de tres agencias estatales que manejan actualmente las apelaciones costosas y extensas para los casos de pena de muerte. El Fondo por una California Segura le da un impulso temporal a los presupuestos locales para cuidar la seguridad pública en un momento de grave déficit presupuestario.